Propuestas frente a la crisis: 2.- REFORMA DEL ESTADO AUTONÓMICO Y PROPUESTAS PARA REFORMARLO

2.1. GASTO INEFICIENTE Y DUPLICIDADES

La actuación del Estado debería iniciarse recortando el número de consejerías y parlamentarios de las Comunidades Autónomas, de personal de confianza y de libre designación, de las llamadas “embajadas autonómicas”, de empresas del sector público no administrativo como radios y televisiones públicas, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones de todo tipo cuya existencia no responda o no haya servido para la eficaz prestación de servicios públicos, o en la práctica dupliquen la función de agencias estatales activas. En conjunto son fuente de un gasto superfluo que, según los cálculos de UPyD, podría alcanzar los 26.000 millones de euros anuales, y cuyo recorte facilitaría mucho la recuperación económica. Un recorte de tan solo 15.000 millones de gasto superfluo o ineficaz permitiría retirar las medidas antisociales de ajuste sobre las pensiones y salarios de los funcionarios recientemente anunciadas. Y todo esto sin modificar las competencias que la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas.

 PNL austeridad y racionalización de las Administraciones Públicas y de eliminación de duplicidades y de gastos superfluos. Enero 2009

 Interpelación urgente al Gobierno sobre la necesidad de recortar el gasto autonómico superfluo. Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2010. Moción de 20 de mayo de 2010.

 Libro El coste del Estado autonómico de la Fundación Progreso y Democracia.  Informe sobre la dimensión, eficacia y eficiencia de los ayuntamientos

2.2 RESTAURAR LA UNIDAD DEL MERCADO INTERIOR

La proliferación de regulaciones en el ámbito autonómico ha dado lugar, durante los últimos años, a la existencia de barreras crecientes a la libre circulación en el mercado interior español; unas barreras que se manifiestan en dificultades para la libre movilidad de los trabajadores y para la participación de las empresas en los diferentes mercados regionales. Singularmente, las barreras de carácter lingüístico se han tornado en un poderoso elemento de discriminación que dificulta la movilidad de las familias, impide el acceso de muchas personas a la función pública y obstaculiza la competencia por parte de las empresas ajenas a las regiones en las que se han erigido. Asimismo, muchos gobiernos autonómicos han establecido trabas regulatorias al acceso a los mercados públicos, en especial a la licitación en los contratos de suministros o de obras. Por ello, propugnamos la intervención del Estado para restablecer la unidad del mercado mediante la remisión a las Cortes Generales de leyes de armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en materia económica, de forma que se cumpla de manera efectiva el artículo 139.2 de la Constitución.

Congreso de los Diputados, extensión 5927 PNL solicitando la elaboración de un catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las CCAA.

2.3. REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El sistema de financiación autonómica ha entrado en crisis debido a la insuficiencia de sus previsiones de actualización, a la presión política del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional, a la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra, y al hecho de que no se haya integrado en él el régimen económico-fiscal de Canarias. La resolución de esa crisis requiere la integración de todas las CC.AA. en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos.

El sistema de financiación autonómica resultante de la reforma debe responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de manera que proporcione los recursos que se requieren para el ejercicio de las competencias autonómicas sin que éste implique privilegios para unos españoles en detrimento de otros. Ello hace que rechacemos las pretensiones de bilateralidad planteadas por el nacionalismo catalán, así como sus propuestas de nivelación parcial con las que se pretende garantizar sólo una parte de las competencias autonómicas, pues de ello se pueden derivar severas desigualdades entre los ciudadanos, dependiendo de la parte del territorio nacional en el que vivan. Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando la proliferación de fondos de compensación de situaciones particulares o específicas de determinadas Comunidades Autónomas, pues ello no conducirá sino a aumentar las desigualdades regionales.

En la perspectiva de los ingresos de las Comunidades Autónomas, consideramos desacertada la transferencia de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas —como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales— en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación. Aunque un alto grado de corresponsabilidad fiscal es deseable, en el actual nivel competencial de las Comunidades Autónomas, su logro implica una transferencia de impuestos a todas luces excesiva que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Por ello, tal como antes se ha señalado, hubiese sido preferible que, antes de modificar en profundidad el Sistema de Financiación Autonómica, se hubiese entrado en el debate sobre el reparto territorial de las competencias —y del poder que se asocia a ellas— a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos, eficacia en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios. Si se hubiese operado de esa manera, el paquete fiscal a transferir habría sido muy inferior al propuesto.

Congreso de los Diputados, extensión 5927

En particular, consideramos no deseable aumentar el porcentaje transferido del IRPF, dado que este impuesto es uno de los pocos instrumentos de que dispone el Estado para desarrollar una política redistributiva. Y menos aún la ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas con respecto a dicho impuesto, pues ello puede afectar gravemente a su carácter progresivo, con la consiguiente pérdida de equidad en la distribución de la renta entre los españoles. Tampoco es aceptable el nivel y, sobre todo, la pretensión de ceder competencias normativas en el IVA y los Impuestos Especiales. Las diferencias territoriales en los impuestos actuarán como incentivos a la movilidad del capital, con lo que se deslocalizarán las empresas hacia las Comunidades Autónomas de menor carga impositiva. Por tanto, es previsible que la diferenciación fiscal entre las Comunidades Autónomas en cuanto a los impuestos actúe como un poderoso elemento de ruptura de la unidad de mercado en favor de las más ricas, añadiendo un problema adicional a los ya graves que se derivan de la crisis económica. El sistema de financiación de las Comunidades debería cumplir los criterios de transparencia (de forma que los ciudadanos conozcan qué parte de los impuestos que pagan van destinadas a financiarlas) y corresponsabilidad (para que asuman el coste de la impopularidad de subir los impuestos, cuando corresponda hacerlo).

La financiación local. La política territorial española debe prestar una especial atención al tradicionalmente relegado ámbito local. Es necesario definir con precisión las tareas y competencias de los ayuntamientos, así como dotarlos de un nuevo modelo de financiación, que les dote de suficientes recursos para hacer frente a sus importantes funciones. Para ello, además de los tributos propios, hay que aumentar su participación en los tributos del Estado y de las propias Comunidades Autónomas. Con carácter inmediato han de promoverse medidas para combatir la preocupante morosidad que existe en el ámbito de las administraciones local

 PNL sobre la reforma de la financiación autonómica. Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2009.

 Enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la financiación autonómica. Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.

 Propuesta de UPyD para la reforma de la financiación autonómica (junio de 2008).

 Enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Congreso de los Diputados, 15 de Octubre de 2009.

 

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