Propuestas frente a la crisis: 7.- LA REFORMA FISCAL Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

La política fiscal es uno de los principales instrumentos de política económica de que disponen el Estado y las Comunidades Autónomas.. En todo caso, los déficit fiscales han de ser sostenibles, lo que implica su limitación dentro de un marco razonable de financiación a través de las emisiones de deuda pública. A este respecto, como principio general el límite del 3 por ciento del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea no debería ser sobrepasado, de manera que, cuando las circunstancias empujen poderosamente determinados capítulos de gasto, como son los del sostenimiento del desempleo o la realización de programas extraordinarios de inversión, entonces el Gobierno deberá actuar reduciendo otros conceptos de gasto corriente y, en último extremo, generando nuevos ingresos. Las multas en ningún caso deberán utilizarse como un instrumento de recaudación.

El sistema fiscal español presenta algunas deficiencias que es necesario corregir para que no siga mermándose su capacidad recaudatoria y no sea cada vez menos equitativo. Las reformas fiscales que son necesarias se deben orientar básicamente a mejorar y simplificar el diseño del sistema, evitando que la presión fiscal supere la media de los países de la Unión Europea. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha acabado configurando dualmente como un impuesto progresivo sobre las rentas del trabajo y un impuesto proporcional sobre las rentas personales del capital. Una reforma que elimine esta dualidad, incremente la progresividad del impuesto y potencie el control de todo tipo de rentas, es estrictamente necesaria.

El esfuerzo fiscal que realizan los españoles estaría más legitimado si estuviese acompañado de un mayor esfuerzo de todas las administraciones públicas para luchar decididamente contra el fraude fiscal, recortar sus gastos superfluos y aplicar reformas en el modelo autonómico que lo hiciesen menos costoso. Una distribución de la carga más equitativa, distinta de la actual constituiría otra importante fuente de legitimación. Asimismo, resulta imprescindible estudiar y mejorar la discriminatoria situación fiscal y laboral que padecen los trabajadores autónomos.

De nada sirve legislar a este respecto si no se dispone de una administración tributaria eficaz, dotada de medios, motivada y respaldada por el Gobierno y la sociedad. Ello hace necesario un urgente reforzamiento material y personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y una reorganización de sus servicios de inspección. Asimismo, consideramos que la AEAT debe ver reforzado su papel en el sistema fiscal para asegurar la unidad del mercado nacional. En este sentido, aunque cierta participación de los Gobiernos Autonómicos en sus órganos rectores puede ser razonable, no debe aceptarse la pretensión de proceder a su descentralización a través de la potenciación de los Consorcios Tributarios con las Comunidades Autónomas, pues esos Consorcios supondrán la ruptura de la coordinación estatal, disminuirán la eficacia en la recaudación tributaria y afectarán negativamente a la lucha contra el fraude fiscal. Mención especial merece la lucha decidida a escala internacional contra los denominados paraísos fiscales, basados en el secreto bancario y centros de lavado de dinero, por sus efectos nocivos tanto en el terreno fiscal como en el financiero.

El gasto público debe sujetarse a pautas de austeridad que eliminen las partidas superfluas y limiten su cuantía total, especialmente en lo que se refiere a los gastos corrientes de las Administraciones Públicas. Ello resulta compatible con recuperar un funcionariado bien formado, motivado y remunerado, con espíritu de servicio público. La remuneración de los funcionarios deberá ser similar, cuando realicen la misma función, independientemente de la administración en la que trabajen. El control del gasto corriente permitirá potenciar el papel de la inversión pública, especialmente en la coyuntura de crisis por la que atraviesa la economía española. Las inversiones públicas deben programarse siguiendo criterios de eficiencia, de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía. Rechazamos, por ello, los programas de inversión orientados hacia la propaganda del Gobierno —como el realizado dentro del Plan E para financiar obras menores de los Ayuntamientos—; y rechazamos también que los programas presupuestarios de inversión se dirijan más a compensar los compromisos políticos del Gobierno con las minorías nacionalistas que a potenciar el crecimiento del conjunto de la economía española. El gasto público social es aún insuficiente y se encuentra varios puntos por debajo de la media de la OCDE, lo que se manifiesta en carencias de todo orden dentro de este capítulo esencial para la equidad y la cohesión social. Por ello, han de hacerse los esfuerzos necesarios a fin de mejorar las prestaciones sociales, en especial a las personas más desfavorecidas, y aumentar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, planteándose como objetivo la convergencia con la UE-27 en el plazo más corto posible.

Es necesario promover la transparencia en las cuentas de todas las administraciones públicas. Han de buscarse fórmulas para que sindicatos y organizaciones empresariales se financien al margen de los presupuestos públicos.

Congreso de los Diputados, extensión 5927

 Propuesta de resolución sobre la lucha contra el fraude en España en el Debate sobre el estado de la Nación. Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2010.

 

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